19/11/2026
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos, y establece un esquema permanente de financiamiento, cobertura, auditorías y actualización de pensiones.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, una iniciativa que busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente y establecer nuevas garantías para las personas con discapacidad y las instituciones que brindan servicios al sector.


La norma obtuvo 71 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención. Entre sus principales objetivos figuran garantizar la continuidad de las prestaciones, establecer mecanismos de financiamiento, mejorar la coordinación entre Nación y las provincias y reforzar los controles sobre las pensiones.

Uno de los puntos centrales de la legislación es la actualización del régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El texto incorpora expresamente a las personas imposibilitadas para trabajar entre los beneficiarios y establece criterios específicos para acceder a esas prestaciones, que incluyen condiciones de residencia, ingresos y evaluaciones socioeconómicas.

Además, determina que las pensiones por invalidez laboral y discapacidad equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada, con un mecanismo de actualización automática vinculado a la normativa previsional.


Otro de los cambios relevantes es que la nueva ley establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión por discapacidad y el trabajo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

De esta manera, se busca permitir que quienes reciben una pensión puedan incorporarse al mercado laboral sin perder automáticamente ese ingreso.

La legislación también contempla un sistema de auditorías periódicas sobre las pensiones. Para esos procedimientos, establece garantías de notificación fehaciente, un plazo para presentar descargos y la posibilidad de una suspensión preventiva únicamente una vez vencido ese período.

Financiamiento y continuidad de las prestaciones
En materia presupuestaria, la norma establece que las futuras leyes de presupuesto deberán contemplar los recursos necesarios para sostener las prestaciones del sistema. También dispone que el ingreso por beneficiario no podrá reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior.


A su vez, faculta al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias cuando los recursos asignados resulten insuficientes para garantizar la continuidad de la cobertura.

En el área de salud, garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención sanitaria que incluya todas las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901. Esto comprende la continuidad de tratamientos y servicios especializados.

La legislación también incorpora una instancia de coordinación permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), con participación de las provincias en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Otro aspecto previsto es la capacitación obligatoria para el personal de las instituciones y los prestadores que integran el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.



Imagen creada con IA por PRIMERA EDICIÓN
Deudas con prestadores y actualización de aranceles
Uno de los reclamos más reiterados de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad está relacionado con las deudas acumuladas por el Estado.


En ese sentido, la ley establece que el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes. Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde precisó que las obligaciones acumuladas con los prestadores alcanzan aproximadamente los 278.300 millones de pesos.

También explicó que los aranceles para los prestadores se actualizarán mediante el índice de movilidad y un estudio de costos.

Según detalló, el Estado deberá notificar el cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar la deuda en un plazo máximo de 90 días corridos.


Monteverde sostuvo que la iniciativa busca reemplazar la emergencia por reglas estables y previsibles. “Este proyecto no entraña absolutamente ningún recorte, sino es resultado de un amplio consenso”, afirmó durante su exposición.

Las críticas y los cuestionamientos durante el debate
Aunque la iniciativa fue aprobada por unanimidad, el tratamiento estuvo acompañado por cuestionamientos de distintos sectores de la oposición, que plantearon dudas sobre el financiamiento efectivo del sistema y la situación presupuestaria de las prestaciones.

La senadora Alicia Kirchner sostuvo que las personas con discapacidad deben ser consideradas titulares de derechos y no solamente beneficiarias de políticas públicas. Además, advirtió que la aprobación de una ley no significa por sí sola que se hayan reconstruido los derechos vulnerados.

Por su parte, la senadora Lucía Corpacci cuestionó la política del Gobierno nacional en materia de discapacidad y puso el foco en los recursos destinados al programa Incluir Salud.


“¿Cómo van a hacer para pagar la prestación que adeudan y pagar la prestación real si no modifican eso en el Presupuesto?”, planteó al advertir sobre un recorte real del 13% en ese programa.

El senador chaqueño Jorge Capitanich también expresó reparos sobre la implementación y señaló que el principal problema del sector está relacionado con el endeudamiento acumulado en las prestaciones sociales.

En tanto, Eduardo “Wado” de Pedro consideró que la aprobación representa un avance, aunque sostuvo que todavía es necesario discutir una política integral para las personas con discapacidad y sus familias.

Desde el interbloque Popular, Juliana Di Tullio definió la nueva legislación como “el resultado de la lucha popular de las personas con discapacidad y sus familias”.


De esta manera, el Congreso aprobó un nuevo marco normativo para el sistema de discapacidad, con compromisos sobre financiamiento, pensiones, cobertura sanitaria y cancelación de deudas. Su implementación y el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias serán claves para determinar el alcance efectivo de las medidas.

Fuente: Medios Digitales
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