El expediente está bajo el escrutinio de Defensa de la Competencia en medio de la campaña para revertir parte de los ajustes.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) está llevando a cabo una investigación para determinar si hubo algún acuerdo ilícito entre las compañías de medicina prepaga con el fin de establecer precios de venta.

Una fuente de la Secretaría de Comercio confirmó que "se está llevando a cabo una investigación en curso", apenas un día después de un comentario del Ministro de Hacienda, Luis Caputo, quien mencionó que "las prepagas le están declarando la guerra a la clase media".

Caputo también afirmó que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias "para protegerla".

Las entidades de medicina prepaga afiliadas a las cámaras y asociaciones Cimara, Ademp y Cempra solicitarán una audiencia con Caputo para "brindarle toda la información disponible que explica, entre otras situaciones, el deterioro financiero al que se sometió al sector durante años".

En la práctica, el Gobierno se suma ahora a una iniciativa que fue presentada por líderes de la oposición a principios de año.

El 15 de enero, un grupo de legisladores de la Coalición Cívica, encabezado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, presentó una denuncia por "conducta anticompetitiva" que fundamenta esta investigación. Casi tres meses después, el caso ha cobrado nuevo impulso.

Una fuente del sector, que cuenta con la participación de Claudio Belocopitt (titular de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud), confirmó que hasta el momento no han recibido notificación de ningún desarrollo adicional. "En su momento, respondimos a las notificaciones, pero no vamos a proporcionar detalles sobre lo que presentamos", explicaron.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es un organismo dentro de la Secretaría de Comercio que opera de manera "descentralizada". Su misión es garantizar "la calidad de bienes y servicios al menor precio posible". Es la entidad responsable de la investigación originada por la denuncia que acusa de supuesta "conducta anticompetitiva" a "las principales sociedades" que brindan el servicio de medicina prepaga.

"En enero observamos que las empresas habían mantenido algunas reuniones, y cuando se confirmaron los aumentos, los denunciamos por cartelización y solicitamos un análisis", dijo el diputado Reyes.

Se sostiene que posiblemente hubo "reuniones para coordinar el aumento de tarifas a los usuarios, acordando un incremento estimado del 40%".

Este es uno de los expedientes más delicados en manos de la comisión. Se mantiene bajo secreto de sumario y se espera una "resolución definitiva" del organismo, según fuentes oficiales.

Es la primera investigación formal contra las empresas de medicina prepaga por presunta colusión que se origina en los despachos públicos. Hasta ahora, los revés contra las empresas han surgido del poder judicial, cuando varios jueces han aceptado medidas cautelares presentadas por los afiliados para revertir los aumentos de tarifas.

A finales de febrero, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2 ordenó ampliar, en principio para un centenar de personas, una medida cautelar dictada a mediados de enero, a través de la cual se le ordenó a una entidad de medicina prepaga revertir los aumentos de tarifas aplicados o anunciados bajo el amparo del DNU 70.

Lo establecido es válido "hasta que se dicte sentencia definitiva" sobre el tema.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que existe "una cartelización que está fuera de toda lógica". Y advirtió: "Nosotros desregulamos, otorgamos libertades, pero no permitimos que exista un nivel de cartelización que afecte a los argentinos".

Fuente: NA - Infobae