07/10/2019

El basquetbolista Carlos Delfino y su padre quedaron en el ojo de la Justicia Federal cuando el 9 de noviembre de 2017 comunicaron la entrega de una propiedad al narco prófugo Vicente Pignata y su esposa.


La Sala “B” de la Cámara Federal de Rosario confirmó el procesamiento por lavado de dinero de origen ilícito para el basquetbolista local Carlos Francisco Delfino y su padre Carlos Daniel Delfino, acusados por la venta de una casa del country “El Paso” de Santo Tomé, al matrimonio que integran el narco prófugo Vicente Matías Pignata y Elisabet Yanina Campos, ésta última también procesada con prisión preventiva junto con su padre.


 La medida, que lleva la firma de los jueces José Guillermo Toledo y Elida Isabel Vidal, fue dictada el viernes pasado y notificada este lunes a las partes. La misma rechaza los planteos de nulidad y revocatoria intentados por los abogados Néstor Oroño -por los Delfino- y Claudio Torres del Sel, en representación de Elisabet Campos y su padre Ramón Darío Campos, quien se encuentra detenido desde el 13 de marzo, cuando se realizaron múltiples allanamientos en Santa Fe y Mendoza, en busca del narco prófugo.


 
Además, el tribunal superior ratificó la libertad provisional para los Delfino, así como los embargos por $ 600.000 para cada uno de ellos y para Ramón Campos. En tanto, los camaristas reiteraron un embargo por $ 5.000.000 para la esposa de Pignata, a quien le fuera revocada la prisión domiciliaria el pasado 1° de octubre, cuando violó dicho beneficio.



Dinero ilegal


La resolución de alzada ratificó íntegramente el procesamiento dictado el 1° de abril pasado por le juez Federal N° 2, Francisco Miño, quien consideró que existen claros indicios para mantener la calificación por infracción al art. 303 inciso 1 del Código Penal (lavado de activos de origen ilícito).
 
En su voto, la Dra. Vidal sostuvo que “la resolución en crisis se encuentra debidamente fundamentada”, en tanto el juez Miño “ha señalado la participación de estos imputados en las maniobras denunciadas y en mi criterio, los argumentos de la defensa no logran desvirtuar los fundamentos dados en la resolución apelada”.


Luego refirió, “a simple modo de ejemplo”, las consideraciones hechas “respecto a la responsabilidad” de los Delfino. La jueza consideró que “al intentar (los Delfino) disimular la cesión de la propiedad bajo la apariencia de un contrato de alquiler, si bien no tuvieron vinculación con la maniobra previa de narcotráfico, tuvieron conciencia de que el dinero utilizado para la adquisición del inmueble era de origen ilegal”. Además, les achacó haberle facilitado a Pignata-Campos “un andamiaje jurídico diseñado con anterioridad” (...) “para la ocultación de sus verdaderos titulares”.


Nuevos vecinos


 Según constan en el expediente, los Delfino adquirieron en octubre de 2014 la unidad funcional N° 343 del Club de Campo El Paso de Santo Tomé bajo la figura societaria denominada Parmery Trading SA con sede en Montevideo, cuyo administrador es Delfino padre, con usufructo por 95 años en favor del deportista.


 A raíz de un robo sufrido en vísperas de Semana Santa de 2017, los Delfino optaron por desprenderse del inmueble, que a partir del 9 de noviembre de 2017 pasó a manos del narco Vicente Pignata (devenido en empresario de la fruta de carozo con una finca en Bowen, Mendoza), y su esposa, cuya trayectoria comercial no permite justificar el desembolso de alrededor de 500 mil dólares.


 Sobre ésta última, la Cámara hace referencia a los informes patrimoniales (monotributista en 2011, con operaciones comerciales en 2015 como “Responsable Inscripto”). Asimismo, destacó la contradicción existente entre su declaración indagatoria del 15 de marzo, cuando manifestó que “à con Vicente hace tiempo que no tengo relación, yo vivo con mis hijos” y las actuaciones policiales producto del allanamiento de la finca “Los Abuelos”, en Mendoza, de las que surge que Pignata se encontraba en esa localidad junto a su familia, en referencia a Campos y sus dos hijos.


Hombre de confianza


A propósito de su padre, Ramón Darío Campos, este aparece en la investigación como “testaferro o prestanombre” del matrimonio, al haber registrado como propios números vehículos que utilizaba su hija o que pasaron por sus manos. Para los investigadores Campos sería la “persona de confianza de Pignata”, a punto tal que existen sospechas de que “podría tener relación con las acciones delictivas realizadas por aquel”.


En cuanto a los peligros procesales, si bien el hombre no tiene antecedentes y hace más de una década que mantiene domicilio fijo en Santo Tomé, el órgano acusador puso el acento en las escuchas realizadas en el marco de la causa, puntualmente una del 26 de noviembre de 2018, cuando “surge que recibió avisos ‘policiales’” de un posible allanamiento en el country en busca de su yerno y que lo alertó para que el procedimiento se frustrara.


Captura y recompensa


La investigación se encuentra impulsada por el fiscal federal Nº 2, Walter Rodríguez, quien investiga el origen de los fondos que el matrimonio destinó para la adquisición de una flota de vehículos, que en un breve lapso sumó 13 unidades; así como la compra de media docena de inmuebles, entre los que resaltan una casa en el exclusivo country El Paso por la que llevaba pagado más de medio millón de dólares; y una finca de unas 10 hectáreas en la localidad de Bowen, en la provincia de Mendoza, la que explotaba como productor de frutas de carozo.


El nombre de Vicente Pignata trascendió públicamente el pasado 13 de marzo, cuando la Justicia ordenó su captura, puesto que está siendo buscado para cumplir una condena a 4 años de prisión por comercio de estupefacientes, en cuya causa fue declarado rebelde; y por la investigación a cargo del fiscal Rodríguez, que lo persigue como lavador de dinero del narcotráfico.


El 6 de mayo la Justicia resolvió declarar su rebeldía y librar por medio de Interpol la orden de captura internacional de Pignata, por el cual también existe una recompensa de medio millón de pesos ofrecida el mes pasado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.


 


 


Fuente: El Litoral

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