19/10/2017

Parte de la familia del "Patrón" de Medellín están sospechados de haber participado en un ilícito financiero. El negocio se habría dado en el famoso Café de los Angelitos, en Buenos Aires.


La Justicia investiga si la viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria intervinieron en la maniobra de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que una banda integrada por ciudadanos argentinos y colombianos efectuó mediante inversiones inmobiliarias en la Argentina, entre ellas en el histórico "Café de los Angelitos".


Según fuentes judiciales y el Ministerio de Seguridad de la Nación, las sospechas sobre María Isabel Santos (57) y Sebastián Marroquín (40) -viuda e hijo del fallecido líder del "Cártel de Medellín"- apuntan a que cobraron una "comisión" para conectar al jefe de la organización detenido en Colombia, José Piedrahíta Ceballos (58), con el empresario argentino preso en este país, Mateo Corvo Dolcet (53).


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Los voceros judiciales consultados por Télam explicaron que esta hipótesis surgió semanas atrás a raíz del hallazgo durante un allanamiento a la casa de Corvo Docet, en un country del partido bonaerense de Pilar, de un documento que fue firmado en 2011 en el que se estipulaba el pago de una comisión por contactar a Corvo Docet con Piedrahita Ceballos.


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"Se trata del pago de una comisión del cuatro y medio por ciento del total del dinero que se pensaba invertir en el país por contactar a ambos involucrados", dijo a Télam una fuente de la investigación y aclaró que ese documento posee la firma de la esposa y del hijo del "Patrón" de Medellín, cuyos verdaderos nombres son Victoria Henao Vallejos y Juan Pablo Escobar Henao.


En tanto, el Ministerio de Seguridad señaló en un comunicado de prensa que el documento hallado en la casa de Corvo Docet "prueba la impunidad con la que los carteles operaban en Argentina" y señala que el empresario argentino es el "testaferro del dinero de los peores narcocriminales del brutal Cártel de Cali, conocido por su poder, corrupción y asesinatos masivos".


El martes, el juez federal de Morón, Néstor Barral, dictó el procesamiento de Corvo Dolcet, María de los Ángeles Verta (51), María Gabriela Sánchez (48), Esteban Adrián Delrio (54) y a Antonio Pedro Ruiz (57) como coautores de los delitos "de lavado de activos, agravado por ser realizado como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza".


En su resolución, el magistrado dictó la prisión preventiva sólo para el abogado y empresario Corvo Dolcet por considerar que existen riesgos procesales.


En tanto, el juez dictó la falta de mérito de un sexto acusado y concuñado de Corvo Dolcet, Marcelo Gustavo Pera (52).


A los procesados se les imputa haber formado parte de "una asociación criminal" que se dedicaba a "poner en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de maniobras de tráfico de estupefacientes", realizadas en Colombia y Estados Unidos, "con el objeto que adquieran apariencia de lícito".


De acuerdo al fallo, "entre otros medios idóneos" la organización lograba el lavado mediante "conversión, transferencia, administración, venta, gravamen y disimulación" de activos.


Para este fin, creó estructuras societarias destinadas al blanqueo de inversiones provenientes del narcotráfico, cuyo principal imputado es el colombiano Piedrahita Ceballos, un exmilitar que estaría vinculado con el "Cártel de Cali" y "La Oficina de Envigado".


Victoria Hernao Vallejos, la esposa de Escobar, el día de su detención (20 de noviembre de 1999) en Buenos Aires (La Voz/Archivo).


Victoria Hernao Vallejos, la esposa de Escobar, el día de su detención (20 de noviembre de 1999) en Buenos Aires (La Voz/Archivo).
En Argentina los vínculos se habrían generado a partir de la creación de las personas jurídicas "Distry Panamá S.A.", "Insula Urbana S.A.", "Pilar Bicentenario S.A.", "MCD Inversiones y Representaciones S.A.", "Tango Suite S.A." y "Club Monserrat S.A.", mediante las cuales "se habría disimulado el origen ilícito de diversas inversiones, dándole apariencia legal, al menos desde el año 2008 hasta el mes de septiembre de 2017".


Corvo Dolcet, quien es presidente de tres sociedades anónimas y está casado con otra de las detenidas, Verta, fue acusado de ser el principal responsable de la estructura de lavado montada en la Argentina y ya había estado preso por falsificación cuando trabajaba en la Justicia local.


En tanto, Sánchez era la contadora de Corvo Dolcet y fue apresada cuando transportaba 400.000 dólares y dos kilos en lingotes de oro que poco antes le había hecho retirar a una hermana de una caja de seguridad de un banco, ante la sospecha de que la Justicia estaba tras sus pasos.


Por su parte, Delrio, apodado "El facha", conoció a Corvo Dolcet y a su esposa Verta en su carácter de pastor religioso; mientras que Ruiz, alias "Tony", es empresario y amigo personal del principal imputado desde hace 15 años.


La banda fue desbaratada a fines de septiembre tras 34 operativos realizados en esta Capital Federal y el Gran Buenos Aires, entre ellos en el "Café de los Angelitos", y que se coordinaron con otros efectuados por la DEA en Estados Unidos y en Colombia, donde se apresó a Piedrahíta Ceballos.


Por su parte, la viuda de Pablo Escobar y los dos hijos que tuvo con él -además del varón tiene una mujer- se radicaron en Argentina a mediados de los 90', poco después de la muerte del capo narco, junto a la entonces novia de Juan Pablo y todos ellos se cambiaron de nombre.


La estadía de madre e hijos recién se conoció públicamente en 1999, cuando Victoria y Juan Pablo fueron detenidos en su lujoso departamento del barrio porteño de Saavedra por falsificación de documento y lavado de dinero, causa en la que finalmente fueron sobreseídos en 2005.


Confirman la expulsión del país al narco peruano "Marcos"


La justicia en lo Contencioso Administrativo ratificó la expulsión del país del narco peruano de la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño, Marco Antonio Estrada Gonzáles, alias "Marcos", quien ya fue condenado en tres oportunidades, informaron fuentes judiciales.


La decisión la tomó la jueza 10 de dicho fuero, Liliana María Heiland, al rechazar una demanda contra el Estado Nacional y el recurso interpuesto por "Marcos" (53) contra la resolución de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) que había ordenado su expulsión tras dar por "probada y reiterada" su actuación como líder de una organización narcocriminal.


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El fallo de la magistrada coincidió con los respectivos dictámenes de la fiscal Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal, Laura Labarthe, y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).


"Marcos" fue condenado por la Justicia argentina en 2004, 2012 y 2013 por liderar una banda integrada por más de 100 personas que controlaba la villa 1-11-14, desde donde comercializaba drogas y acopiaba armas; y en la última sentencia se le fijó una pena única a 10 años de prisión.


De hecho, tras ese fallo, el juez federal Sergio Torres continuó una investigación y dispuso su detención e indagatoria ante la sospecha de que continuaba dirigiendo las actividades ilícitas.


Además, según precisó la Procuración General de la Nación a través del su página web www.fiscales.gov.ar, "Marcos" se encuentra actualmente procesado en dos causas penales, una de las cuales fue elevada a juicio oral en mayo con otros 26 imputados, entre ellos, su pareja, Silvana Alejandra Salazar (44); y su hermano Fernando Estrada González (51).


"Los hechos imputados no son más que la continuación de la actividad ilícita que viene desarrollando esta organización narcocriminal por él comandada, la cual viene funcionando ininterrumpidamente en el asentamiento poblacional como villa 1-11-14, desde el año 1999, fecha en la cual se advirtió su existencia a partir de una sucesión de hechos violentos que culminaron con la muerte de tres personas", sostuvo la Procunar en su dictamen.


Por ello, consideró que la permanencia en el país del demandante "contraría a los intereses generales de la sociedad y a la efectiva vigencia de distintos tratados internacionales".


Por su parte, la DNM sostuvo que las relaciones familiares de Estrada González "entraban en tensión con la calidad y entidad de los delitos y de las penas de las que fuera sujeto" y que "los delitos graves por los que fue condenado socavan valores esenciales de la sociedad".


Fue justamente la cuestión de las relaciones familiares descriptas por la DNM uno de los argumentos en los que se basó la jueza Heiland para rechazar la demanda de "Marcos".


Para la magistrada, se cumple "holgadamente" el requisito de una condena de cinco años de prisión previsto en el inciso b del artículo 62 de la ley de Migraciones como motivo para la cancelación de una residencia.


"La potencia del mandato soberano es claro: que no se 'perjudique al tercero'; el derecho de uno termina donde comienza el del otro u otros", falló la jueza.


La última detención de "Marcos" se produjo el 16 de diciembre del año pasado, en una lujosa casa del barrio privado "La Celia", en el partido bonaerense de Ezeiza, donde vive el intendente local y ex ministro de Seguridad, Alejandro Granados.


El capo narco había salido de la cárcel en febrero de 2014 con libertad condicional anticipada -por haber hecho cursos y estudios-, luego de cumplir las dos terceras partes de una pena única de diez años de prisión que le había impuesto en abril de 2013 el Tribunal Oral Federal (TOF) 3 porteño en el juicio abreviado por una causa que también había instruido el juez Torres.


"Marcos", que para la Justicia continuó manejando el negocio narco desde prisión, había sido detenido en 2007, cuando luego de haberse dictado su captura nacional e internacional fue localizado y apresado en Paraguay, desde donde fue extraditado.


Su primera condena, también por narcotráfico en el Bajo Flores, había sido en 2004, pero su nombre comenzó a ser conocido cuando en octubre de 2005 se cometió en la villa la denominada "Masacre del Señor de los Milagros", en la que durante una procesión fueron asesinadas a balazos cinco personas -entre ellas un bebé-, en el marco de uno de los enfrentamientos que tuvo con su rival connacional en la venta de drogas, Alionzo Rutillo Ramos Mariño (52), alias "Ruti".


 


Fuente: Télam

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