A través de una nueva ordenanza, las empresas de luz y telecomunicaciones tendrán que limpiar el espacio público abandonado, dañado o en desuso. Habrá multas y traslados de costos para quienes incumplan con la normativa.

Cuando uno camina por ciertas calles y avenidas de distintos barrios de Garupá, mirando hacia arriba, hay una imagen que se repite en varios puntos: una densa maraña de cables negros, cruzados sin lógica alguna que convive con postes de madera que acumulan años de abandono. Para terminar con esa postal de riesgo latente, el Concejo Deliberante de esa localidad sancionó la Ordenanza X – Nº 9, que permitirá intimar a las empresas a retirar los cables y postes que se encuentran en desuso y que les corresponde, caso contrario, serán multados.

La normativa de fondo busca sanear el espacio aéreo y garantizar la seguridad de los vecinos en la vía pública. El ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Luis Ripoll, firmó el decreto que promulga la norma en todos sus términos. Con esa rúbrica se pone en marcha un engranaje administrativo que obligará a las grandes prestadoras de servicios, ya sean empresas privadas, cooperativas o sociedades del Estado, a hacerse cargo de la basura tecnológica que dejan olvidada en las veredas de la localidad.

La proliferación de estructuras obsoletas no solo daña la estética de los barrios, sino que representa un peligro real y cotidiano. “Constituye un problema de seguridad pública y representa un riesgo para peatones, conductores y vecinos”, detalla uno de los párrafos más contundentes del decreto, que pone el foco en los postes podridos o vencidos por el peso y los cables que cuelgan a baja altura en los días de tormenta.

Plan de retiro obligatorio

La nueva legislación determina que las empresas de energía eléctrica y telecomunicaciones no podrán simplemente “ir a sacar” cables cuando les parezca conveniente. La normativa les exige la presentación formal de un plan de retiro, destrucción y disposición final de los elementos en desuso. Dicho esquema deberá detallar con precisión la identificación de los postes a remover, un cronograma estricto de tareas y el método técnico para su eliminación definitiva.

Será el propio Poder Ejecutivo Municipal el encargado de supervisar que estos compromisos se cumplan en tiempo y forma a través de inspecciones en el terreno. La idea es evitar que las prestadoras dejen las veredas rotas o generen mayores inconvenientes de tránsito durante las tareas de desmantelamiento.

La urgencia de ordenar el espacio público responde también a un fuerte reclamo de los distintos barrios de Garupá. En épocas de vientos fuertes o temporales, fenómenos climáticos cada vez más severos en la región misionera, los tendidos obsoletos suelen arrastrar las líneas activas, dejando a manzanas enteras sin conectividad o energía por negligencias ajenas.

El aspecto más filoso de la ordenanza radica en sus herramientas de coacción. Históricamente, las prestadoras de servicios públicos suelen demorar este tipo de saneamientos argumentando falta de presupuesto o prioridades operativas. Para evitar que la norma se convierta en letra muerta, el artículo cuarto introduce una cláusula de ejecución directa.

Si una empresa es debidamente notificada y deja vencer los plazos perentorios sin limpiar sus tendidos en desuso, el municipio queda plenamente facultado para realizar las tareas de remoción de manera directa, ya sea con personal propio o contratado. Sin embargo, el costo de ese operativo de emergencia no lo pagarán los contribuyentes: todos los gastos operativos se le facturarán a la empresa infractora.

De manera paralela, esta acción de limpieza de oficio correrá por cuerda separada de las sanciones económicas. El Juzgado de Faltas Municipal tendrá la potestad de aplicar duras multas medidas en Unidades Tributarias (U/T), conforme a la escala de penalidades vigentes, golpeando donde más les duele a las corporaciones: el bolsillo.

Fuente: Primera Edición