Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, los recursos destinados por la Casa Rosada a obras, equipamiento e infraestructura mostraron una fuerte retracción interanual en el cuarto mes de 2026.

La inversión directa que el Estado nacional destina a las provincias volvió a mostrar una marcada contracción durante abril y Misiones no quedó al margen de esa tendencia. Según el último informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), los recursos orientados a obras y gastos de capital en territorio misionero registraron una caída real interanual del 61,6% durante el cuarto mes del año

Los datos surgen del análisis de la Inversión Real Directa (IRD) y de las transferencias de capital ejecutadas por la Administración Nacional, indicadores que reflejan el volumen de recursos destinados a infraestructura, equipamiento y otros proyectos de inversión pública.

De acuerdo con el relevamiento, Misiones recibió en abril de 2026 un total de 2.439 millones de pesos por estos conceptos. Un año antes, durante el mismo período, la cifra había alcanzado los 4.802 millones.

La diferencia representa una reducción nominal del 49,2%, que se amplía al 61,6% una vez descontado el efecto de la inflación.
A pesar de ese retroceso mensual, la situación cambia cuando se observa el comportamiento acumulado de los primeros cuatro meses del año. Entre enero y abril, la Provincia recibió 13.380 millones de pesos, frente a los 5.993 millones registrados en igual lapso de 2025.

Ese incremento implica una suba nominal del 123,2% y una mejora real del 71,7%, convirtiendo a Misiones en una de las jurisdicciones que exhiben mejor desempeño en la comparación cuatrimestral.

Dentro del ranking nacional correspondiente a abril, Misiones se ubicó entre las provincias que mayores montos recibieron en términos absolutos. Con 2.439 millones de pesos quedó por detrás de Tucumán, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de Mendoza, pero por encima de varias jurisdicciones de peso económico como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Salta.

Fuerte ajuste

La situación de Misiones se enmarca en un escenario general de retracción de la inversión pública nacional. El informe de ASAP señala que durante abril la Inversión Real Directa y las transferencias de capital hacia provincias y Ciudad de Buenos Aires totalizaron 30.566 millones de pesos.

Esa cifra representa una caída real del 72,5% respecto del mismo mes del año anterior, una de las contracciones más pronunciadas registradas desde el inicio de la actual gestión nacional. Solamente cuatro jurisdicciones lograron mostrar aumentos interanuales durante abril.

Se trata de Catamarca, con una mejora real del 132,6%; Mendoza, con 132,5%; Tucumán, con 117%; y Chubut, con 50,6%. En el extremo opuesto aparecen provincias como Formosa, que registró una caída del 99%; Neuquén, con un descenso del 98,9%; Tierra del Fuego, con una retracción del 97,8%; Jujuy, con una baja del 97,2%; y San Juan, con una disminución del 96,7%.

El reporte también destaca que nueve jurisdicciones recibieron menos de 100 millones de pesos durante abril, reflejando la fuerte concentración y reducción de los desembolsos destinados a infraestructura.

En cuanto al acumulado anual, la inversión nacional en las provincias alcanzó los 234.167 millones de pesos durante el primer cuatrimestre de 2026. Sin embargo, al corregir los valores por inflación, el resultado muestra una caída real del 36,8% respecto de igual período del año pasado. Los datos aparecen en un contexto de fuerte disciplina fiscal impulsada por el Gobierno nacional. Según ASAP, la Administración Nacional cerró abril con un superávit financiero de 1,56 billones de pesos y un superávit primario de 1,87 billones.

No obstante, la entidad advirtió que parte de los intereses de la deuda pública no se reflejan plenamente en la ejecución presupuestaria debido al esquema de capitalización utilizado por algunos instrumentos financieros emitidos por el Tesoro, situación que podría modificar el resultado final de las cuentas públicas bajo otros criterios contables.

Fuente: Primera Edición