La Justicia dispuso una auditoría general y solicitó legajos de beneficiarios en la causa que investiga créditos hipotecarios de hasta US$350.000 otorgados por el Banco Nación.



El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas de prueba en la investigación sobre los créditos hipotecarios concedidos por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y asesores vinculados al oficialismo nacional. La resolución incluyó el pedido de legajos completos de los beneficiarios, documentación sobre ingresos y propiedades adquiridas, además de un requerimiento al Banco Central sobre cargos ocupados y normativa vigente.

Entre los nombres bajo análisis figuran el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el asesor del ministro de Economía, Felipe Núñez; y el miembro del Banco Central, Pedro Inchauspe. Entre los tres acumularon préstamos por 1.000 millones de pesos. De Presidencia aparece Juan Pablo Carreira, un troll libertario conocido en redes sociales como “Juan Doe”.

En la lista aparecen préstamos a los diputados libertarios Lorena Villaverde, Mariano Campero, Santiago Santurio, Alejandro Bongiovanni, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio. Además, figura el director de YPF, Emiliano José Mongilardi, y el sobrino y asesor de Martín Menem, Sharif Menem.

Los créditos en cuestión alcanzan montos de hasta US$350.000 por persona. El fiscal Gerardo Policita impulsó el pedido de medidas, mientras que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo defendieron públicamente a los funcionarios involucrados. Caputo aseguró: “Los tomaron por recomendación mía. No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral”, y calificó de “patético que se presente el caso que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”.

La investigación busca determinar si los beneficiarios cumplieron con las condiciones requeridas para acceder a los préstamos y si existieron irregularidades en la adjudicación. El caso se inscribe en un debate más amplio sobre transparencia y ética en el acceso al financiamiento estatal.