El organismo señala como posibles responsables de los hechos al ex líder montonero Mario Firmenich y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entre otros.

El Ministerio de Seguridad Nacional, por instrucción de Patricia Bullrich,
presentó una denuncia penal por los delitos de “sedición, asociación ilícita
agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática” contra
los detenidos por la protesta del miércoles.

La presentación fue radicada ante la Justicia Federal y señala como posibles
responsables de los hechos al ex líder montonero Mario Firmenich, al intendente
de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido
los disturbios con fines desestabilizadores en la marcha de los jubilados.

Además, exigió el apartamiento de la jueza porteña que ordenó la liberación
inmediata de todos los arrestados.

Los hechos investigados implican a diversos actores y sectores sociales,
señalando una organización premeditada para llevar a cabo actos violentos
durante la marcha convocada, originalmente, en apoyo a los jubilados.

Las acusaciones involucran a clubes de fútbol como Chacarita, River Plate, Boca
Juniors e Independiente, entre otros. Además, también se vincula al exjefe de
Montoneros, Mario Firmenich, quien habría apoyado la manifestación desde España
mediante un video viralizado en redes sociales.

Las organizaciones que ejercieron violencia durante la marcha de forma
premeditada buscaban impedir el libre ejercicio de las facultades
constitucionales del Poder Ejecutivo Nacional, enmarcado en el artículo 226 del
Código Penal”, argumenta la denuncia. Asimismo, se les atribuye el objetivo de
desestabilizar al gobierno del presidente Javier Milei, según se desprende del
texto oficial.

El Ministerio ampara su denuncia bajo el artículo mencionado del Código Penal,
incluidos los recientemente modificados por la Ley Antimafias (Ley 27.786), que
incorpora el delito de asociación ilícita agravada, penalizando la violencia
premeditada por estas agrupaciones organizadas.

Además, se invoca el artículo 213 bis, que sanciona a quienes participen en
agrupaciones cuyo propósito sea imponer ideas o combatir adversarios mediante la
fuerza o el temor.

El documento advierte que la violencia disfrazada como protesta social
constituye un modus operandi peligroso para la estabilidad institucional y
democrática. Según la cartera de seguridad, los organizadores anticiparon que
estas movilizaciones y hechos violentos se repetirían “todos los miércoles”, lo
que, en su interpretación, plantea un desafío directo al orden público y a las
autoridades nacionales.

La denuncia solicita formalmente que se inicie un sumario penal en el ámbito
federal para investigar la supuesta comisión de sedición, atentado contra el
orden constitucional, asociación ilícita agravada y otros delitos. Además,
requiere la inhibición de la jueza Andrade respecto al caso que ya instruyó en
el fuero local.

Las miradas ahora se centran en las medidas que pueda tomar el Juzgado Federal,
mientras se espera que el Ministerio de Seguridad active nuevas pruebas, entre
las cuales destacaron grabaciones, testimonios y documentos relacionados con la
presunta financiación de estos grupos.

Fuente: NA