03/09/2024

Desde el Gobierno del país norteamericano aseguraron que la aeronave violó sanciones, ya que fue "adquirida ilegalmente" por USD 13 millones.


El Gobierno de Estados Unidos incautó este lunes en República Dominicana el avión de Nicolás Maduro y lo trasladó a Florida tras determinar que la obtención de la aeronave violaba las sanciones impuestas por la Casa Blanca.


En este marco, el fiscal general Merrick Garland aseguró a través de un comunicado que "fue adquirida ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y fue sacada de contrabando" del territorio norteamericano para uso del presidente de Venezuela "y sus compinches".


Un funcionario estadounidense citado por la CNN señaló que la confiscación "envía un mensaje a la cúpula" del poder en Caracas, sobre la cual se acentuaron los cuestionamientos luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, consideradas fraudulentas por la oposición de la nación caribeña y parte de la comunidad internacional.


"Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones", advirtió en alusión a las penalidades dispuestas por su país.


La misma cadena de noticias detalló que el vehículo secuestrado es un equivalente venezolano del Air Force One -la nave oficial del presidente de Estados Unidos- y que se encontraba en la República Dominicana desde hacía algunos meses.


Su confiscación representa un nuevo capítulo de la tensa relación que el país actualmente presidido por Joe Biden mantiene con su par sudamericano, al que recientemente le pidió que "inmediatamente" libere datos sobre los últimos comicios, a raíz de las dudas sobre la reelección de Maduro.


En la incautación de la aeronave participaron varias agencias estadounidenses, entre ellas, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.


 


Fuente: El Canciller - NA - La Nación

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