La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) salió a dar su apoyo al Gobierno nacional en dos puntos centrales que impulsa en la Ley Bases: la reforma laboral y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), donde pidió se incluyan a las pymes.

"Es un gran acierto la derogación de las leyes y artículos de leyes que son responsables de la litigiosidad laboral en nuestro país. Esto generará un gran alivio para el sector pyme, ya que, ante un reclamo por sumas exorbitantes por la aplicación de multas, podría darse el cierre de una empresa", dijo el presidente de la entidad, Alfredo González.

CAME se presentó como "amicus curiae" ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en apoyo al capítulo laboral inserto en el DNU 70/23, únicamente en lo relativo a la parte de derecho individual del trabajo.

"Contratar empleados es clave para el crecimiento y genera beneficios en toda la sociedad. Pero es imperioso que, a la par de que se contemplen los derechos adquiridos del trabajador, se faciliten las contrataciones que promueven el incremento del empleo genuino", destacó el secretario general de la entidad pyme, Ricardo Diab.

"Contratar a un empleado tiene que suponer un estímulo para una empresa y no un riesgo, como es hoy. Actualmente es muy difícil porque no tenemos equilibrio judicial, y el despido genera un problema para la empresa", agregó González.

De todas formas, CAME advirtió que la posibilidad de que los empleadores puedan optar por contratar un sistema privado a su costo para solventar las indemnizaciones por despido "sería de muy difícil implementación y podría atentar contra la viabilidad del fondo de cese, y para la salud del sistema laboral es imperioso evitar la litigiosidad en todo aspecto".

"Si el objetivo de la norma es generar más empleo registrado ¿no hay acaso una posible litigiosidad laboral por el 'Principio de la Primacía de la Realidad' en el artículo que refiere a los trabajadores independientes con colaboradores? ¿No genera esa situación una competencia desigual entre empresas? ¿No genera la figura descripta en ese artículo una relación de prestación de servicios más que de empleo registrado?", añadieron.

Además, la CAME consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es "un instrumento que por los beneficios fiscales otorgados tiene el potencial de atraer inversiones de gran volumen a nuestro país".

"El gran desafío que tiene este régimen por delante es que esas inversiones se constituyan en una palanca para el crecimiento económico sostenido y la creación de riqueza y desarrollo de la sociedad en su conjunto", subrayó Diab.

"Un régimen de incentivos es sólo justificable en la medida en que la sociedad en su conjunto obtenga un beneficio superior al costo en el que incurre y que dicho beneficio se materialice durante un largo período de tiempo", sentenció González.

La entidad resaltó que "es imperioso que nuestro sistema productivo ascienda a una escala superior y es necesario otorgar incentivos para motorizar esas inversiones".

Pero remarcaron que también es "imprescindible integrar a este régimen a las pequeñas y medianas empresas, a la industria existente, a las economías regionales y a las locales. Es indispensable que se beneficie a la sociedad en su conjunto".

Fuente: NA