El Salvador ingresó en un período de tensión y suspenso luego de que el presidente Nayib Bukele llamara a una virtual insurrección civil y hoy diera un plazo de una semana para que el parlamento, cuya mayoría se niega a hacerlo, apruebe un crédito externo para financiar un programa de seguridad.

El conflicto de poderes, que incluyó la militarización del parlamento y roces entre diputados y la Policía Nacional Civil (PNC), provocó el rechazó de la oposición y la alarma de la ONU y la OEA.

Bukele se presentó esta tarde en la sede de la Asamblea Legislativa (parlamento unicameral), donde solo una veintena de los 84 diputados asistió a la sesión convocada por el mandatario, en medio de soldados armados con fusiles.

Al salir de allí y ante cientos de manifestantes a los que también había convocado, el presidente: “Todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón. Pero yo le pregunté a Dios y Dios me dijo ‘Paciencia, paciencia, paciencia’.”

“Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el (préstamo para el) Plan Control Territorial, los volvemos a convocar el domingo y le volvemos a pedir a Dios; en una semana nos convocamos acá, y si no aprueban, yo no me voy a poner en medio de ustedes y del artículo 87 de la Constitución”, agregó, según el diario salvadoreño La Prensa Gráfica.

Ese artículo, que el mandatario invocó al convocar a la manifestación ciudadana, “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones de los derechos humanos consagrados” por la propia carta magna.

Más temprano, las dos principales fuerzas opositoras -el centroizquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (Arena)- denunciaron que autoridades de la PNC y el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) presionaron a varios de sus legisladores para que asistieran a la Asamblea.

Bukele convocó ayer a la sesión legislativa y a la manifestación ciudadana luego de que el jueves pasado las bancadas parlamentarias opositoras no facilitaran quórum para aprobar un crédito Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 109 millones de dólares, destinado a financiar el refuerzo y el equipamiento de las fuerzas de seguridad para su lucha contra el crimen organizado.

En ese contexto, el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, informó que la Policía Nacional Civil quedó acuartelada a la espera de instrucciones "ante la negativa de los diputados a asistir a la convocatoria constitucional del Consejo de Ministros".

Por su lado, el ministro de Defensa, almirante René Merino, dijo en conferencia de prensa que los militares estaban "esperando las órdenes" y subrayó: "Honraremos el juramento de obedecer al presidente de la república y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos, aun a costa de nuestras vidas".

"Desde ayer en la noche estamos en ese tema; estamos analizando las posibles acciones" a adoptar, dijo esta mañana uno de los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -que pidió que no se lo identificara- al periódico salvadoreño El Diario de Hoy.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) hizo "un llamado al diálogo y al pleno respeto de la institucionalidad democrática para garantizar el estado de derecho, incluyendo la independencia de las ramas del poder público", en un comunicado divulgado en Twitter por su sede para América Central.

En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo a través de la misma red social que había trasladado por teléfono su preocupación a la canciller salvadoreña, Alexandra Hill.

Semanas atrás, las bancadas opositoras que controlan la Asamblea decidieron retirar de la agenda el dictamen para aprobar el crédito que el gobierno de Bukele había pedido como prioridad, porque aducen que no tienen garantías sobre cómo se ejecutará y fiscalizará.

El viernes, el jefe del Estado ordenó retirar la seguridad de los diputados que presta la Policía y ayer militarizó la instalaciones de la Asamblea.

Asimismo, anoche volvió a fracasar otro intento de que sesionara el parlamento, cuando solo 28 de los 84 diputados asistieron a la convocatoria realizada por su presidente, Mario Ponce, que entonces realizó un nuevo llamado para mañana a mediodía.

Bukele advirtió por Twitter que el llamado a la sesión extraordinaria "se mantiene vigente y la asistencia de los diputados es ineludible", por lo que aquellos que no concurran "responderán por sus propias acciones" porque "la Constitución también es clara en este punto".