El 18 de julio de 1994 un coche bomba hacía volar el centro de la comunidad israelí en el barrio porteño de Once. Los familiares de las víctimas continúan pidiendo  justicia por la masacre que dejó 85 muertos y más de 300 heridos.

La sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de la calle Pasteur 633, en pleno corazón del barrio porteño de Once, era demolida hace 25 años por un atentado terrorista que ocasionaba 85 muertos y más de 300 heridos, en un ataque que aún permanece impune. Los familiares de las víctimas continúan pidiendo justicia.

A las 9:53 del lunes 18 de julio de 1994, una fuerte explosión sacudió Once generando una onda expansiva que afectó a más de mil viviendas en seis cuadras a la redonda.

El recuerdo del atentado que había sufrido la embajada de Israel, en marzo de 1992, aún estaba fresco en la memoria de los argentinos, que volvían a revivir con el ataque a la AMIA escenas de dolor, destrucción y muerte.

El entonces juez federal Juan José Galeano asumió la investigación y estableció, a los pocos días del hecho, que el ataque había sido perpetrado por un terrorista suicida que chocó una camioneta Traffic cargada de explosivos contra la entrada de la mutual.

 El hallazgo de un block perteneciente al motor de este vehículo, entre los escombros del edificio por parte de militares israelíes que participaron de las tareas de rescate, permitió establecer esta línea de investigación.

Por los datos extraídos del block se logró identificar a la persona que había vendido la camioneta: Carlos Telleldín, un comerciante de autos usados que solía tener tratos con efectivos de la Policía bonaerense.

Luego de ser rastreadas las llamadas telefónicas realizadas por Telleldín, se detectó que una semana antes del atentado habló con Alberto Kannanore Edul, un empresario de origen sirio, hoy ya fallecido.

Entre la documentación que se le secuestró a Edul, se encontró una agenda en la que figuraba el nombre de Moshe Rabbani, consejero cultural de la embajada de Irán.

 Con esa información a su disposición, Galeano viajó a Venezuela donde se entrevistó con un disidente y ex funcionario del régimen iraní llamado Manuchur Moatamer, quien le explicó cómo operaban las células dormidas que utilizaba Teherán en diversos países.

En base a esa información, el funcionario judicial avanzó sobre la hipótesis de un atentado ejecutado por la organización Hezbollah y financiado por el Gobierno de Irán.

El juez investigó las vinculaciones de Moshen Rabbani, un clérigo persa que dirigía una mezquita en el barrio porteño de Flores, y conjeturó que había sido quien ideó el ataque a la AMIA desde Irán.

En 1997, el magistrado realizó un viaje a París, la capital francesa,  y se reunió con integrantes de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MKO), opositores al régimen teocrático de Irán, quienes le suministraron los nombres de los funcionarios que habrían planeado la voladura de la mutual.

El juez federal Galeano fue acusado de cometer numerosas irregularidades en la causa, entre ellas, el pago de 400.000 dólares a Telleldín con fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para que implicara a un grupo de policías bonaerenses (lideradospor el subcomisario Juan José Rivelli) como armadores de la camioneta que estalló en la calle Pasteur. Acusado de mal desempeño, el juez que instruyó en la causa del ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina quedó destituido en 2004 por orden de una comisión de juicio político.

 Un año antes, y después de un proceso oral que se prolongó durante meses, Telleldín y los policías implicados quedaron libres de culpa y cargo por el tribunal que los juzgó.

La sentencia que benefició a Telleldín fue recurrida, y en la actualidad afronta un nuevo juicio en el que está acusado como “partícipe necesario” del atentado.

Tras la destitución de Galeano, la causa pasó finalmente a manos del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en 2006 cursó un pedido de detención contra ocho funcionarios iraníes, entre ellos, el ex presidente del país Alí Rafsanjani; el embajador Hadi Soleimanpour y el imán Moshen Rabbani.

Irán desestimó las acusaciones y rechazó los pedidos de captura por considerar que "no estaban correctamente fundados y no existían pruebas que los avalara".

En enero de 2013, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó en África "un memorándum de entendimiento" con Irán, que luego ratificó el Congreso Nacional para que los acusados declaren en la causa en un país neutral o en Teherán (Ver "Un acuerdo que nunca entró en vigencia").

Dirigentes de la comunidad judía lo rechazaron y tramitaron ante la Justicia una declaración de inconstitucionalidad, que resultó avalada por la Sala I de la Cámara Federal.

El gobierno de Fernández de Kirchner recurrió esa decisión "por considerar que se trata de una medida arbitraria" pero, a poco de asumir, la administración del presidente Mauricio Macri desistió de continuar manteniendo esa apelación. En consecuencia, el memorándum con Irán —que nunca fue aprobado por el Estado islámico— quedó definitivamente sin efecto.

Menem absuelto: el 28 de febrero, al concluir el juicio iniciado en agosto de 2015, el Tribunal Oral Federal N° 2 absolvió al ex presidente, Carlos Menem, en la causa por el presunto encubrimiento del tentado contra la AMIA.

Hoy, tras 25 años del atentado  a la Asociación Mutual Israelita Argentina, que continúa sin respuestas, los familiares de las víctimas siguen luchando contra el olvido, elevando sus reclamos para que se investigue a quienes favorecieron la impunidad y aguardando por una Justicia que castigue a los responsables de la masacre.
 
Un acuerdo que nunca entró en vigencia

El memorándum de entendimiento Argentina-Irán fue firmado en 2013 por el gobierno de la República Argentina, durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el gobierno de la República Islámica de Irán, en Addis Abeba (Etiopía), sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la AMIA.

Para el Gobierno, el memorándum fue un logro en lo que refiere al avance de la causa, ya que las autoridades iraníes se habían negado a cooperar con Argentina en los juicios contra ciudadanos de su país.

Entre los principales puntos se destacaba la creación de una Comisión de la Verdad, que iba a estar compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación. También establecía que los sospechosos iraníes iban a poder ser interrogados por el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, ambos argentinos.

La DAIA y la AMIA se opusieron desde el principio. El presidente del centro de la mutual israelí, Guillermo Borger, consideró que era "inconstitucional y fuera de contexto".

El 18 de enero de 2015 Nisman fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza en su departamento en el barrio de Puerto Madero. Al día siguiente concurriría a la Cámara de Diputados para dar su testimonio de investigación contra Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento a través del memorándum.

El acuerdo cayó definitivamente un día después de la asunción de Macri, que decidió no apelar y dejarlo sin efecto.