El Gobierno, a través de una conferencia encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad, un ente que dependía del Poder Ejecutivo y estaba a cargo, entre otras cosas, de la realización de rutas. La conferencia comenzó con un video que repasaba las acusaciones de corrupción en -justamente- la causa Vialidad por la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión y actualmente cumple con domiciliaria.

Con esa introducción, el funcionario recordó detalles de la investigación que llevó a la sentencia en contra de la ex jefa de Estado, hoy privada de su libertad. Así, rememoró que el expediente se asentó en 51 contratos de obra pública "con sobreprecios para el contratista Lázaro Báez". "Hubo contratos públicos amañados, abandono de obras, ampliación injustificada de plazos", enumeró, y dijo que consta en la Justicia que "hicieron una maniobra administrativa para inyectarle liquidez a Vialidad. Un instrumento para la maniobra ilegal destinada a mover recursos".
 
Tras esa exposición de argumentos, el vocero comunicó la medida. "El presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vila", indicó Adorni.

Y continuó: "La CNRT que pasará a denominarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas relacionadas a la fiscalización de concesiones viales".

 
"El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas que tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas", completó.

"Es un acta de defunción a la corrupción de la Obra Pública y la firmó el presidente de la Nación", destacó Adorni.

El funcionario también resaltó el uso de las facultades delegadas que ejerció Milei, y que vencen mañana: "Decían que aprobar las facultades delegadas era ilegal, darle superpoderes a un gobierno reaccionario, que se vendía el país, armaron una tendencia en X. La realidad es que el gobierno de Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó ni decretó una prórroga a las facultades delegadas, como lo hizo el kirchnerismo hasta el fin de su mandato. Hoy se horrorizan frente a un gobierno que las necesita para reparar el daño que ellos causaron".

"Son los mismos que miraron para el costado cuando Alberto Fernández declaraba la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaraba la emergencia pública y otorgaba poderes especiales al Ejecutivo, entre la creación de impuestos como el Impuesto PAIS", añadió.

Y sentenció: "En mayo de 2021, el gobierno anterior las usó para encerrar a los argentinos con la pandemia como pretexto, dejar a los chicos sin clases, cerrar las actividades productivas, prohibir reuniones privadas. El problema no es la herramienta, el problema es cómo se usa y para qué".

En ese sentido, Adorni destacó que el presidente Milei utilizó la herramienta que caduca mañana para generar un alivio fiscal a las arcas del Estado. "Por primera vez las facultades delegadas se usaron para aliviar la carga fiscal que recaía sobre los bolsillos de los argentinos. Los 65 decretos delegados que se promulgaron en el último año implicaron un ahorro de 2 mil millones de dólares en gastos", aseguró el vocero.

Finalmente, Adorni destacó que Milei no intentó extender el plazo de los denominados superpoderes. "El presidente respetó la institucionalidad. Primero porque no se prorrogó, se cumplió estrictamente con el plazo de un año, y segundo porque su propósito fue implementar un plan de reformas para sacar a la Argentina de la decadencia", afirmó.

Milei borra siete organismos públicos clave

Por decreto, el Gobierno eliminó o reestructuró el INTA, el INTI, el organismo de Cannabis, el de Agricultura Familiar, el de Semillas, el de Vitivinicultura y el de Propiedad Industrial. El Ejecutivo argumenta que eran “sobredimensionados e ineficientes”.

En una avanzada sin precedentes sobre la estructura estatal, el Gobierno de Javier Milei decidió por decreto disolver o reformular siete organismos públicos estratégicos. Bajo el argumento de reducir “ineficiencias” y “gastos innecesarios”, el Ejecutivo anunció el recorte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), la Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Un decreto con sello económico

Según el comunicado oficial del Ministerio de Economía, la medida busca «optimizar funciones y recursos del Estado», con un rediseño que prioriza la «eficiencia fiscal» y la reducción de estructuras «sobredimensionadas». “La reestructuración de organismos ineficientes y programas superpuestos con otras agencias públicas permite avanzar en una organización administrativa más racional”, señaló la cartera que conduce Luis Caputo.

Entre los fundamentos, el Ejecutivo argumentó que varias de estas instituciones «compiten con el sector privado» o fueron «utilizadas como cajas políticas». La publicación del decreto correspondiente se esperaba para las horas siguientes al anuncio.

INTI: de organismo técnico a dependencia

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con más de 2300 agentes y un presupuesto superior a los $85.600 millones, será convertido en una unidad organizativa dentro de la Secretaría de Industria y Comercio. El Gobierno justificó la medida afirmando que el organismo había “incrementado su planta sin mejorar sus servicios” y realizaba tareas que “pueden ser ofrecidas por el sector privado”.

Pese a esto, se prometió conservar su rol en “metrología, calidad, innovación e I+D”, destacando la tarea de “técnicos de excelencia” que habrían sostenido su funcionamiento pese a los “desmanejos administrativos”.

INTA: recorte al agro público

El INTA, con más de 6000 trabajadores y un presupuesto anual de $229.000 millones, pasará a ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura. Según el Gobierno, la entidad se desvió de su misión original para “sostener militancia política” y aplicó criterios alineados con la Agenda 2030.

El nuevo enfoque se centrará en investigación tecnológica y formación de productores “altamente capacitados”, desplazando su histórica función de acompañamiento a la agricultura familiar y la agroecología.

Adiós a la agencia del cannabis

La ARICCAME, creada para regular la industria del cáñamo y el cannabis medicinal, será eliminada. Sus funciones se repartirán entre la ANMAT (regulación médica), la Secretaría de Industria (uso industrial) y Agricultura (semillas). El Gobierno consideró que la agencia fue “ineficiente”, con “superposición de funciones” y “rigidez operativa”.

INAFCI, INASE e INV: baja masiva de estructuras

El Instituto Nacional de la Agricultura Familiar (INAFCI) —creado en 2022— será absorbido por Agricultura. El Gobierno lo acusó de funcionar como una “caja política” y apuntó a una supuesta discrecionalidad en el otorgamiento de fondos. Hoy cuenta con 105 empleados y un presupuesto de $2.749 millones.

El INASE también será disuelto. Con más de 230 empleados y $20.000 millones anuales, sus funciones pasarán a una unidad interna de Agricultura, lo que —según el Ejecutivo— evitará “fragmentación funcional”.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) también se convertirá en una unidad organizativa. El Gobierno afirmó que el organismo aplicaba “controles redundantes” que afectaban la competitividad, sobre todo de pequeños productores. Se mantendrá la certificación internacional como proceso voluntario.

El INPI pierde autonomía

Por último, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), con 362 empleados y un presupuesto de $8.500 millones, perderá su carácter descentralizado y pasará a ser un ente desconcentrado. Aunque se respetará su “autonomía técnica”, el Gobierno argumentó que no requiere personería jurídica ni patrimonio propio.

Reacción y consecuencias

El recorte fue recibido con fuerte preocupación por gremios estatales, técnicos y sectores productivos, especialmente en provincias con fuerte presencia de estos organismos. Las críticas apuntan a la degradación de capacidades técnicas del Estado, la pérdida de empleo calificado y el avance de un modelo que prioriza el achique estructural sobre el desarrollo científico y productivo.

Desde organizaciones sociales, cámaras del agro y sindicatos anticiparon acciones legales y medidas de fuerza para intentar frenar la aplicación del decreto.

Fuente: Infobae - NA