Mientras la CEM y AMAYADAP alertan sobre la desfinanciación del sector, la CCIP
respaldó la decisión del Gobierno y consideró que cada empresa debe elegir si
contribuye.

La Confederación Económica de Misiones (CEM), se manifestó, a través de una
publicación, en contra del Decreto N°149/2025, publicado en el Boletín Oficial,
la semana pasada. La misma, establece que, a partir del 5 de junio de este año,
ya no se podrá obligar a las empresas empleadoras a aportar dinero a cámaras
empresariales, algo que se hacía en virtud de acuerdos colectivos de trabajo.

“Manifestamos la importancia de la continuidad de dicho aporte, en los mismos
términos que está funcionando actualmente”, expresaron en el comunicado de
prensa de la entidad, destacando el funcionamiento de la norma, que les permitió
crecer como cámara.

“Nosotros vemos que es un recurso que tenemos desde hace muchos años. Desde el
2008 que estamos trabajando con esto, tenemos más de 8 millones de personas
capacitándose constantemente, ya capacitadas, y no solo a nuestra gente, a
nuestros empleados, sino a los empresarios”, explicó el presidente de la
confederación, Guillermo Fachinello, en una entrevista en Radio República.

“Es una forma también de darle visibilidad al interior del interior, como
siempre decimos nosotros. La CAME y CAC están en todos los pueblos del interior,
del interior del interior, como nos gusta decir a nosotros. Es la defensa de
cientos de cámaras muy pequeñas, que con este pequeño aporte va a ser muy
difícil sostenerla”, advirtió Fachinello, en referencia a la importancia que
tiene esta contribución para el desarrollo de las pequeñas entidades
empresariales en el interior del país.

Según el empresario maderero, esta medida es “más marketing que otra cosa”, pero
que, con esto, se genera mucho daño a los empresarios.

“Día a día, cuando un productor tiene un problema en Andresito, en Iguazú o en
San Vicente, al instante salimos a gestionar, a debatir y a visibilizar. No por
eso quiere decir que tengamos los resultados que queremos, pero sí salimos a
visibilizar la problemática de la gente”, puntualizó.

Finalmente, el titular de la CEM enfatizó en el impacto negativo que tendrá esta
medida en un futuro para las cámaras. “Nosotros con esto tenemos una mejora
continua, una modernización y, lo principal, la libertad económica de defender a
cientos de cámaras. Yo voy a recibir un aporte de un intendente y después voy a
tener compromiso con ese intendente para ir a quejarme o hacer alguna
negociación”, reflexionó.

Sostener las cámaras

Desde la Asociación Madereros y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) coincidieron
con la posición de Fachinello y aseguraron que el aporte de los empresarios del
sector, que en este caso va para el Registro Industrial Maderero de la República
Argentina (RIMRA), es fundamental para el funcionamiento de las cámaras del
rubro forestoindustrial.

"Hoy, más del 50% de la recaudación de la cámara (AMAYADAP) proviene de esos
fondos. Realmente afectaría el funcionamiento de la cámara, porque solamente con
la cuota societaria que le cobramos a los socios, nosotros no podemos llegar a
sostener el funcionamiento”, explicó el presidente de la entidad, Enrique
Bongers a PRIMERA EDICIÓN.

Las empresas asociadas a AMAYADAP, además de la cuota societaria también deben
aportar al RIMRA, afectado, en este caso, por este decreto. De estas
contribuciones, una parte va al sindicato y otra parte va a la Federación
Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) quien, a su vez, coparticipa
a las distintas cámaras madereras del país.

“Hoy eso nos ayuda bastante en el funcionamiento de la cámara, en cuanto al pago
de los sueldos de la secretaria, los aportes, los gastos, los impuestos, etc”,
indicó Bongers, quien agregó que esperan seguir contando con el acompañamiento
de las empresas, una vez que sea opcional la contribución.

“Estimamos que las empresas seguramente seguirán aportando, porque ven los
beneficios de estar asociados a cámaras empresariales de este tipo. Pero
nosotros estamos atentos a ver qué sucede con estos fondos”, apuntó.

A favor de la norma

No todas las entidades misioneras se posicionaron en contra de esta medida.
Desde la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), apoyaron la medida
del Gobierno nacional, debido a que nunca recibieron fondos del Instituto
Argentino de Capacitación para el Comercio  (INACAP).

“Desde su creación, consideramos que no es la manera adecuada de financiarse, ya
que implica que los propios comerciantes deban pagar un impuesto para sostener a
sus entidades, algo que para nosotros no tiene lógica”, señaló el presidente de
la CCIP, Carlos Amores, a este Diario.

Amores aseguró que, desde varias gestiones anteriores, siempre se opusieron a
este impuesto para el sector comercial.

“Creemos que la manera correcta de operar es como lo hacemos actualmente:
quienes quieran acceder a capacitaciones o servicios deben asociarse”, dijo y
agregó que no considera cierta la idea de que las cámaras estén desfinanciadas o
que carezca de recursos.

“En nuestro caso, nuestra cámara funciona bien, genera superávit, mantiene una
cuota societaria estable y ofrece un servicio real al sector comercial. Por eso,
nunca estuvimos de acuerdo con la implementación de este impuesto”, sentenció.

Fuente: Primera Edición