Lo hizo a través de Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Señalan falta de rendiciones y de controles, y que parte de los 1.200 millones de pesos otorgados se usaron para pagarles a abogados que litigaron contra el Estado.

Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó ante la Justicia una denuncia penal "para determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos auto identificados como organizaciones indígenas". Entre los apuntados se encuentran las organizaciones mapuches designadas como "terroristas" por el gobierno de Javier Milei. En la documentación presentada por el funcionario constan las dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Allí se destaca que gran parte de los 1.200 millones de pesos fueron girados por los gobiernos kirchneristas. Esos montos, que solo a una comunidad fueron de 7 millones de pesos, no fueron rendidos. Tampoco se realizaron controles por parte de las autoridades nacionales y se utilizó para abonar honorarios de abogados que los defendían en las causas judiciales por tomas de tierras y hasta incendios en predios y fincas.

"Desde el 10 de diciembre de 2023 se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del Estado Nacional", recuerda el funcionario en su presentación de seis fojas, y remarca que dentro de ese marco ordenó "un exhaustivo relevamiento de los programas y acciones ejecutivas de este organismo descentralizado".

Fue allí cuando se detectaron las graves irregularidades en el Programa de Fortalecimiento Comunitario, creado en 2003 por la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

Entre dichas irregularidades se observa la rendición de los subsidios a la Organización Malaweche de la provincia de Mendoza, "que utiliza la personería Comunidad Mapuche Lof Malal", desalojada por usurpación de tierras en esa provincia. Fueron varios subsidios que suman siete millones de pesos "sin control" y sin el resultado que se espera lograr a través de esos fondos: la regularización territorial.

Avruj no da nombres propios en la denuncia penal. Espera que los jueces lo hagan, pero apunta a los responsables del INAI durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Las dos auditorías de la SIGEN revelaron graves irregularidades en millonarios subsidios girados a comunidades mapuches que usurpan tierras. Entre ellas, a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), designada como organización "terrorista". Se destaca que algunos subsidios no llegaron a las organizaciones que se suponía que lo habían solicitado. También que se usaban para pagar a abogados.

El Programa de Fortalecimiento Comunitario fue calificado por Avruj como una "obscenidad" y lo dio de baja a través de la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial. El ex secretario de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri denunció que los subsidios fueron utilizados "para litigar contra el Estado". El esquema "se convirtió en una vía de financiamiento para organizaciones que contrataban abogados para que los defendieran en las causas en que eran imputados por diversos delitos".

Según se pudo establecer de fuentes judiciales, al menos tres comunidades que recibieron subsidios por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas usurparon tierras en La Patagonia:

1.Lof Che Buenuleo (Río Negro): en 2019, miembros de esta comunidad ocuparon tierras en San Carlos de Bariloche que eran propiedad privada de la familia Soriani. En 2020, la justicia provincial ordenó el desalojo de la comunidad, pero el conflicto continuó con denuncias de violencia y nuevos intentos de recuperación del territorio. La comunidad recibió $1.770.000 del INAI en 2023 para asistencia jurídica.

2.Lof Kinxikew (Neuquén): ocuparon tierras en San Martín de los Andes. En 2022, la comunidad fue mencionada en disputas territoriales con privados y el Ejército Argentino, que administra tierras en la zona. Recibió $1.950.000 del INAI en 2023 para asesoramiento legal.

3.Newen Mapu (Río Negro): ha participado en reclamos territoriales en El Bolsón. En 2023, recibió $4.480.000 del INAI.

La Agrupación Mapuche Linares, en Neuquén; Lof Malal Pincheira, en Mendoza; y, entre otras, Lafken Winkul Mapu, en la provincia de Río Negro, también recibieron subsidios por más de seis millones de pesos. Tienen conflictos por tierras en Malargüe; en la región mendocina de La Payunia, donde hay interés por la exploración de hidrocarburos y desarrollo ganadero; en Vaca Muerta; en Neuquén, donde hay tierras en disputa en áreas donde operan empresas petroleras, especialmente en la Cuenca Neuquina, como YPF y Tecpetrol; y en la zona de Villa Mascardi, en Río Negro.

Irregularidades en la firma de subsidios y convenios

Las dos auditorías son un rosario de falencias e irregularidades al momento de firmar los convenios y su posterior control y rendición de cuentas.

Un ejemplo: el 28 de octubre de 2022, se aprobó un "convenio" para el Lof Catriman Colihueque y la Comunidad Nahuelpan por un monto de $1.690.000 para la contratación de "Servicio Jurídico", pero cuando los auditores revisaron la documentación respaldatoria descubrieron que:

-"No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada".

-"No existen registros de los Informes mensuales con los avances".

-"No se evidencia comunicación a la comunidad sobre el desembolso de los fondos".

-"Se incorpora en el convenio el pago de honorarios a un Licenciado en Ambiente".

-"No agrega informe técnico detallando la excepcionalidad", ya que se suponía el subsidio era para contratar abogados.

Algo similar ocurrió con el convenio por $1.770.000, también para supuestos servicios jurídicos a la Comunidad Mapuche Lof Che Buenuleo y la Colonia Nahuel Huapi. En este caso, los auditores establecieron que:

-"No existen registros del contacto y/o reunión virtual o presencial y/o articulación entre técnicos del Área de Gestión Territorial con referentes para evaluar la solicitud realizada".

Fuente: infobae