14/02/2020

La orden la dictó el juez federal Canicoba Corral en el marco de la investigación surgida a partir de una denuncia de los diputados Tailhade y Moreau.


La Justicia Federal allanó este jueves diversas oficinas de las empresas concesionarias de la autopista Panamericana y del Oeste, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante el gobierno de Cambiemos.


Fue el juez Rodolfo Canicoba Corral quien ordenó estos operativos en busca de documentación sensible para la investigación judicial que fueron efectuados, en simultáneo, en cinco sedes distintas de las empresas Autopistas del Sol (Ausol), Concesionario Oeste y Natal inversiones por efectivos de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, detallaron las fuentes.
 
En este expediente varios ex funcionarios del gobierno de Cambiemos, entre los que se encuentran Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y el propio Mauricio Macri, están acusados por defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.


La causa tiene su origen en una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau. Según plantearon los denunciantes, para avanzar con la negociación irregular se montó un escenario que incluyó dos reclamos de la empresa española Abertis ante el tribunal de arbitraje internacional CIADI exigiendo valores millonarios en dólares por atrasos tarifarios.


La denuncia ante el CIADI fue presentada días antes de que Macri asumiera la presidencia de la Nación en 2015 y retirada años después, sin mayor trámite, cuando el gobierno de aquel entonces acordó extender las concesiones a Ausol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030, lo que implicó reconocerle a la primera de las firmas una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado.
 
En los allanamientos se buscaron documentos vinculados con la negociación, el trámite ante el Ciadi, los balances de las empresas y las composiciones accionarias, por lo que fueron secuestrados discos rígidos, entre otros elementos, según las fuentes consultadas.


La firma Natal Inversiones, situada en la Ciudad de Buenos Aires, fue la que en 2017 le compró a Sideco, una de las sociedades del Grupo Macri, su participación accionaria en Autopistas del Sol, transacción que también está siendo analizada por la justicia.


"Debemos corregir la superpoblación carcelaria", admitió la ministra Losardo


La "superpoblación carcelaria es un problema que existe en todo el país y debemos corregir", admitió hoy la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, durante su participación en la reunión del Consejo de Seguridad Interior que se desarrolló en Tucumán.


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"Tenemos gente detenida esperando largos procesos judiciales, que en muchos casos son más extenso de lo que la ley permite, y por eso tenemos que trabajar en forma conjunta con la Justicia para reordenar todo esto y salir de la emergencia carcelaria", indicó Losardo al ser consultada por la prensa.


Acerca de la política de derechos humanos que llevará adelante su gestión, Losardo cuestionó el trabajo de la administración anterior porque "en los últimos años se detuvo toda la política" en la materia.


La funcionaria indicó que trabajarán para “acelerar los procesos” por delitos de lesa humanidad y regularizar las indemnizaciones a familiares de víctimas de la última dictadura militar, que el Gobierno de Mauricio Macri había dejado de pagar.


Admitió, en otro orden, que "la Justicia es lenta y muchas veces se cometen errores", por lo que buscarán revertir esa situación y lograr la independencia judicial.


"El Ministerio de Justicia no es el Poder Judicial, pero sí puede brindar herramientas y sobre todo trabajar para la independencia judicial, un tema que en esta etapa del gobierno no nos puede faltar", remarcó.


 

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