El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó hoy con prisión preventiva a los ex policías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y al ex espía Rolando Barreiro como integrantes de una aparente asociación ilícita, dedicada al espionaje ilegal en la causa por la cual está procesado y detenido el falso abogado Marcelo D´alessio, informaron fuentes judiciales.

Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado también les trabó embargos por 10 millones de pesos a cada uno.

En el fallo, Ramos Padilla le informó al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, sobre la situación del fiscal Carlos Stornelli, considerado rebelde en esta causa.

El juez Alejo Ramos Padilla procesó al ex espía Hugo Rolando “Rolo” Barreiro y a los comisarios retirados Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi  con prisión preventiva, por conformar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y, en varios casos, extorsionar a empresarios e imputados en causas judiciales. Al mismo tiempo, amplió el procesamiento del falso abogado Marcelo D’Alessio por los mismos delitos.

En la resolución se involucra tácitamente a periodistas, legisladores y miembros del Poder Judicial con el siguiente razonamiento: sostiene el juez que la asociación ilícita, mediante espionaje ilegal, reunía información que luego “blanqueaba” a través de notas periodísticas seguidas de la intervención de un fiscal de oficio, denuncias anónimas o causas armadas con la incorporación de “escuchas o filmaciones” ilegales. Y el marco era también la utilización de esos métodos contra opositores políticos. El magistrado consigna que llama la atención que semejante organización no haya sido detectada por la actividad de contrainteligencia de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dando a entender que hubo complicidad. También el juez le pidió un informe al procurador Eduardo Casal para saber qué está haciendo respecto de la rebeldía de Carlos Stornelli, que ayer completó su día 16 en virtual fuga. También parece tácito que Ramos Padilla considera que Casal dilata las cosas.

El extenso escrito de Ramos Padilla es conceptual pero también minucioso. “El objeto de investigación principal de esta causa consiste –dice el magistrado– en la actuación de una organización criminal dedicada a realizar múltiples tareas vinculadas al espionaje, que incluyeron investigaciones ilegales, extorsiones, ‘ablandes’, ‘puestas en pánico’, ‘aprietes’, ‘carpetazos’, ‘falsas denuncias’, entre otros modos de coacción e intimidación, todo ello con fines económicos y políticos”.

Continúa el magistrado: “En el caso, se ha observado que dichas acciones se han llevado a cabo a partir de relaciones estrechas y de mutua colaboración con miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales y con periodistas, montando operaciones psicológicas, extorsivas, judiciales y mediáticas mediante información sensible, información falsa o tendenciosa, que tienen la capacidad de obtener, administrar y reproducir estas organizaciones vinculadas al espionaje”. Es una virtual calificación de la asociación ilícita como para-estatal.

Con estos párrafos queda claro el encuadramiento general. La búsqueda de información se hizo con métodos ilegales, en muchos casos se apuntó a objetivos económicos vinculados con la extorsión, pero en otros casos como los relacionados con Julio De Vido, Roberto Baratta, Luis D’Elía, Hugo Moyano, el objetivo fue político. La asociación ilícita parece dedicarse a la investigación sobre el terrorismo iraní en Uruguay, pero en verdad  –dice el juez– lo que hacía era espionaje comercial a favor de competidores de los empresarios de origen iraní.  

Pese a las 341 páginas de la resolución, queda claro que es sólo el comienzo del caso. Por ejemplo, analiza las extorsiones contra los empresarios Pedro Etchebest, Víctor Palomina Zitta y Saturnino Costas  y contra el ex empleado de Pdvsa Gonzalo Brusa Dovat. En base a esos casos es que el juez dictó los procesamientos, pero se trata de una pequeña parte del expediente: hay muchísimas más extorsiones, operaciones en Rosario, Corrientes, Quequen, Montevideo, todo lo que se refiere a Stornelli, la investigación y tal vez plantado de droga contra el ex marido de la actual pareja del fiscal; las operaciones relacionadas con Natacha Jaitt y los periodistas de Animales Sueltos, la manipulación de la declaración de arrepentido de Leonardo Fariña y una cantidad todavía no determinada de seguimientos ilegales y maniobras de la máxima gravedad en las causas judiciales.

Hay dos nítidos requerimientos. El primero a Gustavo Arribas, titular de la AFI, preguntando cuáles fueron las actividades de contrainteligencia contra esta banda. En forma tácita el juez le está diciendo “demuestren que hicieron algo, que no fueron cómplices”. El magistrado sostiene que dos de los integrantes de la asociación ilícita –Bogoliuk y Barreiro– fueron parte de la AFI y no queda claro si siguieron estando contratados por la central de espías como agentes inorgánicos. Es conocido en el mundo de la inteligencia que “el inorgánico no existe”, o sea que la AFI los negará contra viento y marea.

El otro requerimiento es al procurador Casal. El juez le pregunta qué hizo para afrontar el hecho de que uno de sus subalternos, Stornelli, está en rebeldía. El magistrado deja en claro que no está para jueguitos y dilaciones como las que surgen de lo que hizo hasta ahora Casal, dándole más y más días para que Stornelli explique por qué no fue a Dolores y ahora mandando la respuesta del fiscal a un comité disciplinario que seguirá demorando las cosas. Todo el manejo de Casal confirma los hilos existentes entre la banda de D’Alessio y Cambiemos.