06/11/2018

La magistrada dio por terminada la investigación y elevó la causa para que sean juzgados por presunta defraudación al Estado los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex presidente de la AFA Luis Segura y otros dirigentes de clubes.


La jueza federal María Servini de Cubría envió a juicio oral y público la causa por presunta defraudación al Estado nacional en el programa Fútbol Para Todos, en la que están acusados los ex jefe de gabinete del kirchenrismo Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.


Asimismo, serán juzgados en juicio oral y público el ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Luis Segura y otros dirigentes de clubes.


Fuentes judiciales informaron que la magistrada dio por terminada la investigación y remite el expediente a un tribunal oral para un futuro juzgamiento. 


Junto con ellos también van a juicio el exvicegobernador bonaerense y coordinador del programa "Fútbol para Todos" Gabriel Mariotto; Rafael Armando Savino, ex presidente de San Lorenzo; José Lemme, presidente de Defensa y Justicia; y Miguel Ángel Silva, Secretario General del FPT.


Se suman Rubén Manuel Raposo, ex dirigente de Lanús; los ex dirigentes de la AFA Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagano; Sergio Raúl Marchi, de Futbolistas agremiados; y Natale Antonio Rigano, ex CEO de Iveco.
 
En la misma resolución, fueron sobreseídos el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Juan Spinosa y Marcus Adrián Cheistwer.


La causa se originó en 2014 por una denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña. "A lo largo de la instrucción puedo afirmar que lo que en su origen fue programado como una exitosa operación que habría de conjugar el éxito de una decisión política y social con ciertas expectativas superavitarias, terminó perfilándose como una suerte de políticas de subsidios estatales hacia las necesidades crecientes de una entidad civil, para lo cual se consideró necesario adicionar a los originarios fines del programa Fútbol Para Todos más objetivos y cometidos públicos estatales que tampoco fueron cumplidos", sostuvo la jueza.
 

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