El dueño de una concesionaria de autos, su madre, su cuñada y sus dos ex esposas, además de una pareja que eran socios comerciales fueron condenados este 15 de marzo a penas de 4 a 13 años de prisión por lavar dinero del narcotráfico, y además ordenaron el cierre de todas las firmas comerciales en la que intervinieron.

El fallo fue emitido por el Tribunal Oral Federal de Corrientes en la causa en la que tiene como imputados a Roberto Rodríguez, Elba Aquino, Griselda Sosa, Daniela Villalba, José Glibota, María de los Angeles Herrera y Rosa Ramos, quienes habrían desarrollado actividades comerciales con dinero originado en la venta de drogas.

La sentencia firmada por los jueces Victor Alonso, Fermín Ceroleni y Lucrecia Rojas fijó una condena de 13 años para Roberto Rodríguez, mientras que su madre, Elba Aquino deberá cumplir 10 años de prisión al igual que Griselda Sosa y José Glibota.

Mientras, Daniela Villalba fue condenada a seis años, Rosa Ramos a ocho, María de los Angeles Herrera a cuatro y medio.

Los jueces también mandaron a que se clausuren y den de baja la empresa RR Vip, que comercializaba autos de alta gama, el complejo turístico Tangará, la empresa de turismo Emsetur, y el corralón Cerro Corá firmas por las que circularon más de $158.000.000 supuestamente originados en la venta de drogas.

Tras el fallo Rodríguez será trasladado a Misiones para cumplir la condena, pero sus consortes de causa continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme.

La banda habría ideado y ejecutado una serie de maniobras tendiendentes a darle apariencia de licitud a las ganancias provenientes de la comercialización de estupefacientes, entre las que se destaca la utilización de una concesionaria de vehículos de alta gama, denominada “RR Vip Automóviles SRL”.

Según la investigación llevada a cabo por el fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini, Rodríguez no percibía ingresos económicos ni registraba propiedades a su nombre, así como tampoco presentaba declaraciones juradas ni tributaba impuestos.

Pese a ello, pudo adquirir –en agosto de 2014- un automóvil marca Porsche Coupe Cayman modelo 2010 valuado en $905.000.
También poseía el “Complejo turístico Tangará” ubicado en la localidad de Montecarlo, Misiones y, en el allanamiento llevado a cabo en su domicilio en la ciudad de Posadas, Misiones, se le secuestró una valija conteniendo $142.000 y U$S 8.000, y una caja fuerte con 198.600 pesos.

En el juicio el fiscal general federal Carlos Schaefer expuso que “nos encontramos con una organización que se encargaba de comandar o de mandar esos embarques de grandes cantidades de estupefacientes, marihuana, y a su vez otra gran parte de la banda lavaba el dinero”.

Al pedir 13 años de prisión para el principal imputado, el fiscal Schaefer sostuvo que “esta organización se dedicó a lavar dinero sino que con ese dinero también se abonaba los futuros eventos del narcotráfico; con eso se financió la actividad del narcotráfico”

Testaferros

Según la pieza acusatoria, “se pudo comprobar que el imputado Rodríguez, principal organizador de la estructura, ha utilizado a personas físicas y jurídicas interpuestas (tales como RR VIP Automotores SRL., Corralón Cerro Cora S.R.L., Emsetur SRL y el Complejo Tangará) para realizar operaciones financieras simuladas a fin de ingresar al mercado bienes de origen ilícito mediante actos materializados con la colaboración de los restantes coimputados”, consignó Ferrini en su requerimiento de elevación a juicio.

El 26 de enero de 2012, un informe enviado por la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales (UESPROJUD) ‘Corrientes’ de la Gendarmería Nacional puso en conocimiento respecto de la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, supuestamente liderada por personas identificadas como “Gabriel” y “Cacho”, que ingresaba la droga desde la República del Paraguay para su posterior transporte y comercialización en distintos puntos del país. El avance de la causa permitió acreditar que “Gabriel” era Roberto Rodríguez, mientras que “Cacho” era el imputado José Glibota.
Al resto de los imputados –todas personas del círculo íntimo de Rodríguez- se les detectaron operaciones, cuentas bancarias, automóviles y motos de alta gama, que llegaban a millones de pesos, bienes que no guardaban relación con los ingresos declarados por cada uno de ellos. “Rodríguez ha adquirido por interpósita persona –y mediante operaciones financieras anómalas, bienes de origen espurio registrados a nombres de terceros, quienes actuaban como ‘testaferros’ o ‘prestanombres’”, sostuvo la fiscalía.

El precio de la libertad

“El secretario del juez Soto Dávila me pidió cuatro millones de pesos para darme una domiciliaria, y esto no se investigó”, dijo a NOVA Roberto Rodríguez tras la sentencia.

Sostiene que la causa por narcotráfico en la que fue involucrado, y que luego derivó en la de lavado de activo “fue un armado”.
Acusó en forma directa a los funcionarios del Juzgado Federal 1 de Corrientes de haberles solicitado dinero para mejorar su situación, pero también de haber entregado los vehículos incautados en su negocio a terceros sin su autorización.

“El secretario del Juzgado Federal 1, le llamó a mi mamá y le dio el número de un abogado. Ese abogado fue a verme y a decirme que tenía que poner cuatro palos para que me den una domiciliaria”, denunció.

Además aseguró que en ese mismo tiempo, un empresario de apellido Maronna, que estuvo imputado en la causa recibió el sobreseimiento. “Después que le entregaron los autos y le dieron el sobreseimiento Maronna y Molina estuvieron en el Casino de Corrientes juntos ¿Cómo puede ser que un funcionario y un imputado tengan una relación tan amistosa?”, se preguntó Rodríguez.

Causa paralela

La causa por lavado de activos generó otra, que roza al juez Carlos Vicente Soto Dávila, a su secretario Pablo Molina y al empleado Zacarías Issolo, a los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano, y a Víctor Manuel Fernández, a fin de determinar si incurrieron en los delitos de cohecho, falsedad ideológica, estafa procesal y encubrimiento.

En su presentación, los fiscales solicitan que se investigue si en forma organizada y mancomunada, Fernández, junto a los abogados Agnello y Barboza Galeano realizaron maniobras de simulación o ardidosas para recuperar un vehículo Mercedes Benz 997-C250 que se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez, quien fuera procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, para lo cual utilizaba la concesionaria RRVIP para blanquear el dinero ilícito.

En junio pasado, Fernández sostuvo haber adquirido el vehículo secuestrado, de buena fe, por lo que inició -a través de sus abogados Agnello y Barboza Galeano- un incidente de entrega de bienes registrables en la secretaría a cargo de Molina, con la intervención del sumariante Issolio, con el fin de recuperar el vehículo.

Ante ello, la fiscalía le solicitó al juez Soto Dávila que citase a declarar al ex dueño del vehículo, Fernando Gauto, y a Fernández. Sin embargo, antes de que se proveyera la presentación de la fiscalía, la abogada Agnello se presentó nuevamente y pidió una serie de audiencias, las cuales fueron fijadas sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, antes de ser notificados los citados a audiencia, comparecieron “espontáneamente” a declarar en el Juzgado.
Ante ello, los fiscales iniciaron una serie de medidas investigativas, que incluyeron peritajes grafológicos y una rogatoria a la titular de la Fiscalía Federal de Eldorado, Lilian Delgado, para que entreviste a Gauto, quien negó haber declarado ante la justicia correntina, como así también desconoció la firma que figuraba en su declaración.

También los fiscales Schaefer y Ferrini pidieron informes a la AFIP respecto a la capacidad adquisitiva de Fernández, quien figura como monotributista, siéndole imposible justificar la adquisición de un Mercedes Benz como el que pedía que le restituyeran.
En base a las pruebas colectadas, los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que los imputados mencionados idearon “un plan con el objetivo de recuperar un bien que forma parte del patrimonio del imputado y procesado Rodríguez” en el marco de la investigación que se le sigue por lavado de dinero.

Fuente: Novacorrientes