El secretario general de ATE Nacional, Hugo 'Cachorro' Godoy, convocó  este viernes a la realización de una medida de fuerza para "la primera quincena de noviembre" independiente de la "jornada nacional de lucha" anunciada ayer por ambas CTA junto a movimientos sociales, y manifestó que "no" están de acuerdo con el otorgamiento eventual de un bono de fin de año sino con "reabrir las paritarias para discutir la pérdida salarial ya sufrida".

"No queremos un bono sino reabrir la paritaria para discutir la pérdida salarial y que el año que viene se discuta la inflación futura, y no la pasada. Hemos decidido convocar a una medida de fuerza la primera quincena de noviembre; y mientras tanto, esperar que el Gobierno cambie de actitud, que nos convoque. En ese sentido, la pelota está de su lado", afirmó Godoy en declaraciones a radio Vorterix.

El sindicalista explicó que la medida será "en los días posteriores a la convocatoria de la CTA" prevista para el próximo 4 de noviembre.

Por otra parte, Godoy acusó al otro gremio que nuclea a los trabajadores estatales, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), de estar "avalando" al Gobierno.

"Ellos están avalando lo que hace el Gobierno, con los despidos, la política salarial, así que las medidas de fuerza y estas acciones son reclamos específicos de ATE, ya que tenemos una actitud absolutamente diferenciada", subrayó.

También recordó que "en la negociación de esta semana entre la CGT y el Gobierno, ninguno de los que estaba en esa mesa (del Diálogo para el Trabajo y la Producción), ninguno nos representaba".

Barcesat ratificó querella contra el Consejo de la Magistratura

El constitucionalista Eduardo Barcesat dijo que el juez Carlos Rozanski renunció en el marco de una "gestión transaccional" por la que accederá a la jubilación desde noviembre próximo y, por devenir cuestión abstracta, caerá el sumario que le inició el Consejo de la Magistratura, sin que esto implique que vaya a desistir de la querella que inició contra los integrantes de la Comisión acusatoria de ese organismo.

"Él ya estaba tramitando la jubilación antes de la iniciación de este sumario administrativo disciplinario, aunque pensaba manejar la fecha", señaló Barcesat, quien patrocina a Rozanski en esa querella, y agregó en declaraciones a Télam que en la decisión de renunciar influyeron también "presiones y amenazas", por su actuación en emblemáticas causas de lesa humanidad.

Una vez que le fue concedida la jubilación a Rozanski, "lo llamaron para una gestión transaccional conforme a la cual recibirá el beneficio jubilatorio desde noviembre y en función de eso, por devenir cuestión abstracta, se cerrará el sumario administrativo disciplinario" en el Consejo de la Magistratura, explicó.

La renuncia a partir del 1 de noviembre fue presentada ante el Ministerio de Justicia y, en cuanto a la formalidad del procedimiento, debe aún ser aceptada o rechazada por el Poder Ejecutivo.

"En ningún momento Rozanski va a desistir de la querella ni de la acción indemnizatoria contra los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura", formulada a comienzos de este mes por los delitos de estafa procesal, falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad, subrayó.

Los integrantes de la Magistratura querellados intentaron "resucitar" denuncias por "maltrato laboral" que el sindicalista judicial Julio Piumato dirigió contra Rozanski en 2006 y 2013, "ya prescriptas y que fueron reactivadas para hostigarlo".

El reproche "más grueso es la sustracción de un documento del sumario administrativo, el acta fechada el 11 de agosto de este año donde decidieron reactivar esas denuncias ya archivadas", puntualizó.

Sobre esta denuncia radicada en el juzgado federal a cargo del juez Sergio Torres, Barcesat dijo además que se trata de "delitos de acción pública y que el fiscal federal Jorge Di Lello (que interviene en la causa) ya mandó a pedir el expediente administrativo disciplinario".

Más allá de estas circunstancias, Barcesat admitió que en la decisión de Rozanski de renunciar influyeron además la "campaña de hostigamiento y las amenazas que comenzaron cuando en 2006 (presidió el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que) condenó al represor Miguel Etchecolatz" a prisón perpetua, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad tras la anulación e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.

"Desde las condenas a Etchecolatz y (Christian) Von Wernich, Rozanski sufrió amenazas no sólo contra él sino contra el grupo familiar, funcionarios y empleados del Tribunal", expresó.

Barcesat aludió en particular a la detención en junio último de Gustavo Luis "Ureña, a quien le encontraron un arsenal informático y armas de guerra" tras comprobar que enviaba e-mails y llamadas telefónicas anónimas en las que amenazaba de muerte a Rozanski, una secretaria del Tribunal y sus hijos.

"Un equipo informático identificó de dónde provenían las amenazas y posibilitó allanamientos y la captura de Ureña, que resultó ser padre de compañeros de los hijos amenazados de una secretaria del Tribunal", afirmó.

Barcesat señaló finalmente que Ureña "dijo que respondía a órdenes de Etchecolatz, a quien consideraba su jefe", al enviar amenazas como la que sugería ir "con chaleco antibalas a una excursión escolar" a los hijos de la aludida secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

Ureña también advertía a los amenazados les tocaría el mismo destino que a Julio López, testigo clave del juicio que condenó a Etchecolatz y otros represores, que permanece desaparecido desde la víspera de esa sentencia, en septiembre del 2006.